Las conclusiones apuntan a los siguientes aspectos:
• Chile cuenta con normativas legales orientadas a la inclusión educativa de personas en situación de discapacidad. Sin embargo, se dan inconsistencias que impiden un avance sostenido en esta materia:
i) existencia de sistemas educativos paralelos;
ii) decreto de subvenciones sustentado en un enfoque de déficit;
iii) ausencia de reglamentos para hacer viables las disposiciones de la Ley 20.422.
• Las escuelas especiales han sido un aporte significativo a la educación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, sin embargo, se hace necesario revisar la función que actualmente cumplen en el sistema escolar y verificar en qué medida están alineadas con el desafío de la educación inclusiva propuesto por la CDPcD (crítica a la existencia de escuelas especiales de lenguaje).
• No está claro si los programas de integración escolar constituyen la estrategia más eficiente para hacer realidad los desafíos de la CDPcD en materia educacional: funcionan al amparo de la educación especial y no tienen suficiente cobertura. La educación inclusiva debe ser un asunto de la Educación General y no solamente de la educación Especial.